El pasado 20 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-Ley 7/2023, marcando un hito en la transformación del marco laboral en España. Este decreto tiene como objetivo principal completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 sobre la conciliación de la vida familiar y profesional, al tiempo que busca simplificar y mejorar la protección por desempleo.
Cambios relevantes en el Estatuto de los Trabajadores
Entre sus modificaciones, se enfoca en dos aspectos cruciales del Estatuto de los Trabajadores, marcando un avance significativo en el reconocimiento de derechos y la flexibilidad laboral.
Una de las modificaciones más notables se refiere al derecho a una hora de permiso por lactancia. Anteriormente, la posibilidad de sustituir este permiso por una reducción de la jornada o acumularlo en jornadas completas estaba condicionada a la negociación colectiva o acuerdos empresariales. Con el nuevo decreto, esta restricción desaparece, convirtiendo estas opciones en derechos inherentes para todos los trabajadores. Este cambio busca potenciar el equilibrio entre la vida laboral y familiar, adaptándose a las necesidades individuales de los empleados.
Otra modificación significativa afecta a la prioridad aplicativa de convenios colectivos y acuerdos interprofesionales en el ámbito autonómico. Se elimina la posibilidad de que un convenio estatal impida esta prioridad, estableciendo que los convenios autonómicos serán prioritarios únicamente si ofrecen condiciones más favorables para los trabajadores que las establecidas en el convenio estatal. Además, se restringe la negociación autonómica en áreas cruciales como período de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual, régimen disciplinario, normas de prevención de riesgos y movilidad geográfica.
La legislación aborda con determinación la conciliación y la protección de los derechos laborales, destacando la eliminación de restricciones en el permiso de lactancia y la prioridad aplicativa de convenios en el ámbito autonómico. Estos cambios, que entraron en vigor el 21 de diciembre de 2023, buscan modernizar y adecuar el entorno laboral a las demandas de una sociedad en constante evolución, promoviendo un equilibrio sostenible entre la vida personal y profesional.