Se aprueba la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros. De esta forma queda derogada la Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros.
Esta nueva Orden entrará en vigor el 15 de abril de 2023.
Ámbito de aplicación
Esta orden se aplicará a las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas derivadas de derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública Estatal gestionados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, con exclusión de:
- Las deudas a las que se refiere el Reglamento (UE) n.º 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013.
- Las deudas y sanciones tributarias estatales a las que se refiere la disposición adicional undécima de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursa.
Exención de garantías
No se exigirán garantías para las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas, cuando su importe no se exceda de 50.000 euros. Y además, se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago.
El importe de deuda señalado se acumulará en el momento de la solicitud. Tanto a las que se refiere la propia solicitud, como otras del mismo deudor las cuales no este resuelto el aplazamiento o fraccionamiento.
Las deudas acumulables serán aquellas que consten en las bases de datos del órgano de recaudación competente. No obstante, estos, computarán con las otras deudas acumulables que, no constando en sus bases de datos, les hayan sido comunicadas.
Ausencia de incremento del gasto público
No habrá un aumento del del gasto en el presupuesto de los órganos u organismos implicados en la aplicación de esta orden
Solicitudes de tramitación
Todas aquellas solicitudes que se encuentren en tramitación cuando la orden entre en vigor se regirán por la normativa vigente durante la presentación de la solicitud.
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