Todas las empresas independientemente de su tamaño deben establecer medidas como los protocolos de Acoso, para prevenir y evitar conductas de Acoso Moral, Sexual y por Razón de Sexo en sus organizaciones.
La obligatoriedad de disponer de un protocolo de acoso aparece tanto en el Estatuto de los Trabajadores (artículo 4), como en la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres (artículos 45 y 48). Además, en caso de desarrollar un Plan de Igualdad (obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores/as en plantilla), es una de las áreas que obligatoriamente deben ser incluidas en el mismo y negociadas con la parte social.
El protocolo de acoso es un plan que recoge el procedimiento y medidas necesarias para prevenir, evitar o eliminar cualquier tipo de acoso laboral en la empresa, bien sea por razón de sexo, sexual o laboral. La misión es por tanto asegurar un entorno laboral basado en el respeto y libre de acoso, así como prevenir y erradicar comportamientos nocivos que perjudican tanto a los trabajadores/as que los sufren como a la propia empresa, que es responsable del bienestar de las personas que componen su plantilla.
Así establecer este plan tiene como objetivos principales informar y sensibilizar a la plantilla, definir las medidas de prevención e intervención ante posibles situaciones de acoso, precisar el canal y procedimiento para realizar las denuncias, así como, y muy importante, comunicar el protocolo a toda la plantilla. Además, el protocolo de acoso deberá contar con una comisión instructora o comité, encargado de recibir las denuncias o quejas, y dar inicio al procedimiento.
Mediante este protocolo de actuación y prevención del acoso la empresa se compromete y se implica para garantizar un entorno de trabajo donde se respete la dignidad de todas las personas, sea igualitario entre hombres y mujeres, así como libre de acoso de cualquier tipo.
La empresa que no cumpla con la obligación de tener un protocolo para el acoso laboral puede ser sancionada por la autoridad laboral, además de ser denunciada ante los tribunales. Las sanciones que pueden imponerse a las empresas varían en función de la gravedad de la infracción y van según la Ley de Infracciones y Sanciones.
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